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  • Comentario al numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
  • La prestación adicional es una obligación que la Entidad impone a los contratistas que consiste en extender prestaciones que sean necesarias para el cumplimiento de la finalidad del contrato. Normalmente esta disposición es un beneficio para el proveedor, pues se extenderá la venta de los bienes y/o servicios en las condiciones en las que los está proveyendo.  En principio, siendo una cláusula exorbitante, no deja lugar a oposición por parte del proveedor, por lo que la Resolución del Titular de la Entidad sería irrecurrible. Pero qué sucede si el proveedor ya no puede prestar el servicio o proveer el producto en las mismas condiciones establecidas en el contrato, especialmente en cuanto al precio. La norma establece que, en defecto de precio pactado en el contrato, debe primar el acuerdo entre las partes. En tal sentido, debe considerarse que previamente a la emisión de una resolución que ordene la prestación adicional, la Entidad debe asegurarse que el proveedor se encuentra en capacidad de cumplir con la prestación al mismo precio pactado, por ejemplo, deberá constatar si el proveedor ya no cuenta con la representación exclusiva de la marca para proveer el bien al mismo precio (fuera del cumplimiento de la prestación originalmente pactada) y en caso de verificarse ello, debe primar el acuerdo con el proveedor, por lo que en estos supuestos, la cláusula ya no es exorbitante. En opinión del suscrito la Entidad se encuentra obligada a constatar que no existen impedimentos económicos, contractuales y en general condiciones de mercado (que hayan variado respecto de las que existían al momento de ofertar), que impidan replicar obligatoriamente las condiciones del contrato para extender prestaciones a las ya comprometidas. No hacerlo implicaría realmente un abuso de derecho por parte de la Entidad, que llevaría innecesaria e inconstitucionalmente al proveedor a una sanción administrativa.